POR ANA LAURA PEREZ FLORES EL 2 DE FEBRERO DEL 2021

El COVID-19 nos ha enseñado a ser extremadamente cuidadosos y a anticipar cualquier amenaza potencial para nuestra integridad física. Hemos aprendido a guardar nuestra distancia, a elegir las prendas adecuadas y a mantenernos alerta en caso de cualquier peligro posible. La pandemia ha convertido el simple acto de salir de casa en un ritual agotador de seguridad e higiene. Cada paso que damos, cada lugar que visitamos, cada persona con la que interactuamos se han convertido en una amenaza potencial para nuestras vidas. Bueno, esto no es ninguna novedad para las mujeres mexicanas: llevamos varias décadas viviendo nuestras vidas diarias como una pugna permanente por sobrevivir.

 “No hay manera de eufemizar esto: en México hay una guerra contra las mujeres y la situación no parece mejorar”. Vivimos en un país donde tres feminicidios[1] ocurren cada día y, de acuerdo con fuentes oficiales, 40% de estos crímenes son cometidos en casa.

No hay manera de eufemizar esto: en México hay una guerra contra las mujeres y la situación no parece mejorar. Vivimos en un país donde tres feminicidios[1] ocurren cada día y, de acuerdo con fuentes oficiales, 40% de estos crímenes son cometidos en casa. Durante marzo de 2020, el mes en el que México oficialmente empezó la cuarentena, las llamadas de emergencias relacionadas con violencia de género –incluyendo violación, acoso sexual y violencia doméstica – aumentaron 22%, de acuerdo con Iniciativa Spotlight, una campaña global organizada por la ONU y la Unión Europea con el objetivo de eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niños.

En tiempos donde mantenerse resguardado es el principal consejo del gobierno contra la amenaza global que representa el COVID-19 –#QuédateEnCasa es el eslogan escogido por las autoridades– el hogar no es garantía de seguridad para muchas mexicanas.

Ya sea por la violencia machista –dentro del hogar o en las calles– o por el virus mortal, la verdad es que no hay un lugar seguro para las mujeres en México. Las autoridades, sin embargo, ignoran esta crisis descaradamente. El gobierno insiste en crear acciones insuficientes, como la campaña “Cuenta hasta 10” que sugiere que las personas deben contar hasta diez para evitar episodios desafortunados de violencia, negándose así a ver la complejidad del problema. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue emitiendo mensajes preocupantes que perpetúan las ideas detrás de estas manifestaciones de violencia. Mensajes como asegurar que “…la tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres, nosotros los hombres somos más desprendidos, pero las hijas siempre están pendientes de los padres, de los papás, de las mamás” prolongan la idea machista de que las mujeres y las esposas estamos naturalmente obligadas a encargarnos de las tareas del hogar, incluso cuando toda la familia está quedándose en casa todo el tiempo. Al mismo tiempo, el Gobierno Federal ha decidido reducir drásticamente el presupuesto para refugios e instituciones dedicados al bienestar de las mujeres como parte de sus políticas generales de austeridad.

Este panorama sombrío no es nada nuevo, pero como ha sucedido con otras emergencias, la situación se ha vuelto indudablemente más adversa a partir de la pandemia. Frente a un Estado ausente y una sociedad negligente, las mujeres mexicanas han buscado sus propias maneras de regenerar un desgastado tejido social y de construir sus propios lugares seguros. Aun cuando existe una parte importante de la población que se mantiene escéptica, los grupos e iniciativas feministas parecen ir adquiriendo fuerza y unidad frente a las adversidades. Esto fue particularmente visible cuando alrededor de 80 mil mujeres de distintas edades y estratos sociales se reunieron en la Ciudad de México para la marcha del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo de 2020. Estas mujeres tomaron las calles para protestar por la violencia que nos alcanza a todas de una manera u otra. Después llegó el COVID-19 y las mujeres se vieron paralizadas de alguna manera, muchas de ellas confinadas en los mismos espacios que sus abusadores.

En septiembre de 2020, tras seis meses de relativo confinamiento, la rabia se volvió más fuerte que el miedo al virus y muchas mujeres regresaron a las calles para apoyar a Marcela Alemán, una madre que se ató a sí misma a una silla en la sede de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México. Lo que Marcela exigía era justicia para su hija, una menor de edad que fue violada. Varias familias y grupos feministas decidieron acuerpar –término usado para hablar de, literalmente, poner el cuerpo en apoyo de las compañeras– y exigir justicia. El Bloque Negro se convirtió en una especie de línea frontal de batalla para la ocupación del edificio, que ha albergado desde entonces a distintas familias, niños y mujeres que han sido constantemente ignorados por las autoridades y que necesitan seguridad desesperadamente. Muchas sedes de las Comisiones de Derechos Humanos fueron tomadas simbólicamente o intervenidas alrededor del país en apoyo a estas mujeres. Miles de personas también han hecho donaciones para las familias de las víctimas.

Un día antes del tradicional Grito de Independencia, que se celebra cada 15 de septiembre, cientos de mujeres se reunieron enfrente de este edificio convertido en refugio para celebrar su propia anti-festividad. Madres de víctimas de varias partes del país ocuparon un balcón, como lo hace el presidente durante el evento oficial, y compartieron sus nombres e historias. Artistas feministas interpretaron canciones de rabia, sororidad y sanación. Una piñata con la forma del presidente fue incendiada como respuesta a su falta de respuesta a la situación. Mujeres mayores, madres jóvenes, niñas pequeñas y feministas encapuchadas bailaron, se tomaron de las manos y unieron sus voces en un grito por justicia.

No es gratuito que entre todas las instituciones que pudieron haber sido tomadas es aquella, enfocada en derechos humanos, la que fue elegida para reactivar los actos públicos feministas tras el confinamiento. Aun cuando no es propiamente una dependencia gubernamental, la CNDH tendría que ser la instancia aliada de las víctimas de estos crímenes atroces. El esfuerzo de convertirla en un refugio para las víctimas, hasta donde llegue, tiene un significado tremendo. No es sólo el Estado el que les está fallando a las mujeres, son también la sociedad y la opinión pública: los derechos de las mujeres simplemente no son una prioridad.

A un mes de la toma no hay manera de saber cómo evolucionará esta protesta en particular o cómo se desenvolverá cada uno de los casos detrás de las estadísticas. Sin embargo, hay una sensación de resistencia, de historia siendo escrita, no sólo más allá de la pandemia sino también a pesar de la pandemia. Hay un vacío que estos actos pretenden erradicar. Las mujeres mexicanas hemos vivido históricamente privadas de derechos, pero no seguiremos quedándonos calladas. La madres cuyas hijas han sido asesinadas por sus parejas románticas, víctimas de violación de todas las edades, mujeres que han preferido quedarse en la calle en lugar de volver con sus abusadores; todas son voces que han sido sistemáticamente silenciadas por el Estado y obligadas a buscar refugio y apoyo en otros lados. 

La pandemia ha sido, sin duda, una crisis inesperada para la humanidad, pero así como lo hemos aprendido con crisis anteriores, estos eventos no nos afectan a todos en la misma medida. Sería ingenuo pensar que así es. Encontrar seguridad en casa no debería ser un privilegio, pero en México y muchos otros hogares de Latinoamérica lo es. La amenaza real es más grande y más antigua que el virus. Y, así como sobrevivirá después que el virus, estos vínculos de resistencia permanecerán no sólo como un modo de supervivencia, sino como una búsqueda de una mejor vida para las mujeres de hoy y las mujeres por venir.

[1] De acuerdo con el Código Penal Federal, un asesinato es considerado como un feminicidio si cumple alguna de las siguientes características: 1) la víctima presenta señas de violencia sexual de cualquier tipo; 2) la víctima sufrió mutilaciones degradantes o humillantes antes o después de la pérdida de vida; 3) hay historial de violencia doméstica, laboral o escolar relacionada con el agresor; 4) hubo una relación romántica, afectiva o de confianza entre la víctima y el agresor; 5) hay evidencia de amenazas contra la víctima; 6) la víctima fue incomunicada antes de la pérdida de la vida; 7) el cadáver fue expuesto en un espacio público.