POR NIGEL THOMPSON EL 7 DE OCTUBRE DEL 2023. TRADUCIDO POR ERICKA CONANT

La juez del Tribunal Municipal de Filadelfia Wendy L. Pew retiró todos los cargos contra el ex agente de policía Mark Dial, al dictaminar que los fiscales no presentaron evidencias de que había cometido un delito.

La decisión se adoptó tras una audiencia preliminar que tuvo lugar una semana antes, en la que Dial fue acusado de asesinato -aún no se había anunciado el grado- y de otros delitos por la muerte a disparos de Eddie Irizarry, de 27 años, ocurrida el 14 de agosto en barrio de Kensington. Dial salió de su patrulla en el bloque 100 de E Willard Street después de iniciar una aparente parada de tráfico. En apenas unos segundos, disparó a Irizarry seis veces a través de la ventanilla del vehículo y el parabrisas, matándolo.

La decisión del juez Pew provocó la indignación de toda la ciudad. Esa noche, manifestantes y simpatizantes de la familia de Irizarry salieron a la calle y se reunieron en el ayuntamiento para marchar por la concienciación. La Oficina del Fiscal del Distrito también se comprometió a apelar la decisión, diciendo que intentará volver a presentar todos los cargos contra Dial.

Cuando Erika Almirón vio por primera vez las imágenes del asesinato de Irizarry, lo describió como algo que "no puedes borrar de tu memoria". 

Almirón es una veterana defensora de la reforma de la aplicación de la ley en la ciudad, y fue directora ejecutiva de Juntos, organización latina de defensa de los derechos de los inmigrantes con sede en el sur de Filadelfia. Allí, desempeñó un papel fundamental en presionar a la ciudad para que eliminara su acuerdo PARS con el ICE. El acuerdo permitía al PPD compartir cierta información sobre residentes con el ICE, que éste podía utilizar para llevar a cabo deportaciones, incluso en casos en los que el departamento de policía no realizaba detenciones.

Más recientemente, Almirón ayudó a organizar una marcha comunitaria el 31 de agosto, exigiendo la divulgación de la grabación de la cámara corporal de Dial y que se presentarán cargos contra Dial. Calificó a la familia de Irizarry de "valiente" por querer hacer públicas las versiones íntegras y sin editar de las grabaciones de la cámara corporal, ya que se trata de una instantánea más del trato que el PPD dispensa a su comunidad.

"Creo que saben que es importante que la gente vea exactamente cómo se desarrollan las cosas dentro de la ciudad de Filadelfia en lo que respecta a los asesinatos policiales, en lo que respecta a cómo ve la policía a nuestra comunidad, a nuestra gente", dijo Almirón.

Su organización, Mijente, tiene una idea a escala nacional. En mayo de 2022, Mijente publicó un estudio nacional, el primero de su clase, sobre las perspectivas de los latinos acerca de la vigilancia policial y la seguridad, profundizando en las experiencias de primera mano con las fuerzas del orden. Se publicó en respuesta al aumento de las tensiones en 2020, tras los prominentes asesinatos policiales de George Floyd y Breonna Taylor, y esperaba aclarar cuál era la posición de los latinos respecto a la aplicación de la ley.  

"Los Latinos a veces son tomados un poco como una especie de péndulo", dijo Chio Valerio-González, director nacional de organización de Mijente. "Podemos oscilar hacia la derecha o hacia la izquierda".

El estudio encuestó a más de 1.300 latinos en todo el país y, como señaló Valerio-González, una gran mayoría de los encuestados (93%) creía que se necesita más inversión para prevenir la delincuencia -cosas como mejores escuelas y la creación de más oportunidades de empleo- en lugar de arrojar más policías al problema.

Sin embargo, el estudio también reveló un duro ciclo de violencia que muchos latinos experimentan a diario en sus comunidades y, como resultado, una falta de creatividad sobre cómo resolver el problema.

"No es que la gente estuviera en contra de la desfinanciación de la policía, es que la gente no podía imaginar una sociedad en la que la delincuencia violenta no fuera un hecho en sus vidas", dijo Valerio-González. "Y por tanto, no podían imaginar una sociedad sin policía". 

Eso también alimenta la realidad de su complicada relación con la policía. 

Fuera de la comunidad negra, los latinos se enfrentan a la segunda mayor cantidad de incidentes de brutalidad policial y asesinatos en Estados Unidos. Las muertes se han disparado especialmente en la última década, y los investigadores advierten de que los índices de incidentes mortales podrían ser aún mayores porque no todos los departamentos de policía recopilan datos étnicos cuando se produce uno. 

Si se consideran los casos recientes a escala nacional, el de Irizarry es sólo el último de un joven latino que muere a manos de un agente de policía.

En medio de las revueltas de George Floyd de 2020, Sean Monterrosa, de 22 años, fue asesinado a tiros fuera de un Walgreens en Vallejo, California, por el agente de policía Jarrett Tonn en la noche del 2 de junio. Los agentes estaban respondiendo a informes de posibles saqueos en la farmacia.

El Departamento de Policía de Vallejo no sólo ocultó los detalles durante varios días, sino que las imágenes de la cámara corporal confirmaron posteriormente que Tonn disparó a Monterrosa desde el asiento del copiloto de su vehículo policial, atravesando el parabrisas. El joven de 22 años estaba de rodillas con las manos en alto cuando recibió el disparo. Al parecer, Tonn confundió un martillo que salía del bolsillo de Monterrosa con un arma de fuego y empezó a disparar. El parabrisas que atravesó Tonn fue destruido posteriormente sin permiso por un empleado municipal, lo que llevó a la Fiscalía General de California a abrir una investigación.

El asesinato de Monterrosa provocó grandes protestas en Vallejo contra un departamento de policía con un historial de violencia (y asesinatos) en las comunidades de color de la ciudad. Tonn también fue despedido, pero recientemente fue readmitido el 31 de agosto de 2023.

En otro caso, justo después del asesinato de Monterrosa, Andrés Guardado, un joven salvadoreño-estadounidense de 18 años, fue asesinado por un ayudante del sheriff del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles el 18 de junio de 2020.

Lo que ocurrió exactamente sigue siendo objeto de debate a día de hoy. La policía dice que Guardado sacó un arma de fuego, obligando a los agentes a dispararle, pero los relatos de los testigos dicen que el arma nunca se disparó. Múltiples informes de autopsias desde entonces también han indicado que Guardado recibió múltiples disparos en la espalda por parte del agente, y potencialmente mientras estaba de rodillas. 

También han surgido acusaciones de que los ayudantes del sheriff implicados en la persecución y asesinato de Guardado formaban parte de una banda de ayudantes que ejercía la violencia en la comunidad de Compton.

Al final, el condado de Los Ángeles concedió a la familia de Guardado 8 millones de dólares por su asesinato. 

De vuelta al otro lado del país, en Filadelfia, el caso de Irizarry ha hecho que muchos se replanteen la tensa historia del departamento de policía con la comunidad latina y traten de trazar un camino a seguir.

Para muchos miembros de la comunidad puertorriqueña de la ciudad, esa tensa historia se remonta al menos a los días del alcalde de Filadelfia, Frank Rizzo, cuando la policía maltrataba a las comunidades negra y marrón sin consecuencias.

Un incidente más reciente se produjo durante el desfile del Día de Puerto Rico de 2012 en la ciudad, cuando un teniente de policía golpeó en la cara a una mujer que creía que le había tirado agua. En 2013, la ciudad llegó a un acuerdo con Aida Guzmán, de 39 años, por 75.000 dólares, pero Josey nunca fue declarado culpable de ningún delito y recuperó su trabajo en el departamento.

"Los vemos como una pandilla, una 'pandilla azul', así es como los llamamos", dijo Charito Morales sobre cómo la comunidad ve a la Policía de Filadelfia, especialmente en los distritos 24 y 25 de la Policía.

Tras el asesinato de Irizarry, Morales dijo que es como "empezar de nuevo" cuando se trata de generar confianza. Ella es un enlace de la comunidad con el distrito 24 y 25, y ha ayudado con una serie de eventos para cerrar la brecha como regalos de regreso a la escuela, y más.

"Han intentado ganarse la confianza de la comunidad. Han intentado demostrar que no son malos. Están aquí para amar y apoyar a la familia", dijo Morales. "Estupendo, pero ahora han retrocedido 50 pasos con la comunidad porque han mentido".

A pesar de la actual desavenencia, la concejal del Distrito 7, Quetcy Lozada, aún tiene esperanzas de que pueda repararse. Esa confianza se basa en el trabajo que ella dijo que ha hecho desde 2008 - mientras que Jefe de Gabinete de la ex concejal María Quiñones-Sánchez - de tratar de salvar la brecha entre la policía y la comunidad.

"Tenemos capitanes en el distrito que entienden la vigilancia comunitaria", dijo Lozada.

El trabajo, dijo, también ha cambiado las perspectivas de la comunidad sobre la policía.

"Creo que aunque este incidente es una situación horrible, creo que a la gente le duele", continuó Lozada. "Debido a todo el trabajo que hemos hecho en el pasado, tenemos una comunidad que, aunque está enojada, aunque está frustrada, aunque está decepcionada, entiende que este individuo no es un reflejo de todas las personas con las que trabajan, y que los protegen y sirven a diario".

En la campaña, Lozada habló largo y tendido sobre su plan para involucrar mejor a las fuerzas del orden y, en algunos casos, traer más, para ayudar a resolver algunos de los problemas del Distrito 7 como la violencia y la crisis de opioides. Tras el asesinato de Irizarry y la posterior reacción contra la aplicación de la ley en su distrito, se mantiene firme en su enfoque.

"Si miras a mi distrito, y si conoces mi distrito, la única manera en que voy a resolver muchos de los problemas que enfrenta mi distrito es con la participación de las fuerzas del orden", dijo. "Verdaderas fuerzas del orden, no fuerzas del orden abusivas".

Al abordar la crisis de los opioides -uno de los problemas más acuciantes de su distrito- Lozada ha sugerido apoyarse en las fuerzas del orden para mejorar la situación. Recientemente, la concejala ha hecho uso de su poder legislativo para prohibir la construcción de puntos de inyección seguros en su distrito, con el apoyo de todos los concejales de su distrito menos uno. El alcalde Jim Kenney vetó inicialmente el proyecto de ley, pero el Ayuntamiento anuló esa decisión el jueves 28 de septiembre.

Dicho esto, Lozada también se apresuró a decir que no estaba "respaldando al departamento", y se une a muchos en la comunidad en la exigencia de consecuencias para Dial y cualquier otra persona involucrada en el asesinato de Irizarry.

"Me gustaría ver a todos los responsables que jugaron un papel en la pérdida de la vida del Sr. Irizarry", dijo.